Por: Anthony Sturino y Ximena Escalante
Este fin de semana celebramos el Día de las Madres en los Estados Unidos. Vale la pena usar esta oportunidad para contextualizar esta celebración con el vigésimo aniversario de la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el impacto que ha tenido en tantas madres en todo Estados Unidos y fuera de sus fronteras, específicamente el impacto de su agencia más controvertida: Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El 1 de marzo de 2023 marcó el vigésimo aniversario del DHS, un invento posterior a los ataques del 11 de septiembre, encargado de centralizar la seguridad de las fronteras y los espacios digitales de Estados Unidos, así como de prevenir otro ataque terrorista en el extranjero. ICE, una de las tres agencias bajo el DHS que lleva a cabo operaciones de inmigración, es responsable de la aplicación interna de las leyes de inmigración, así como de los procedimientos de detención y deportación de personas inmigrantes.
Desde la separación de familias en la frontera hasta las redadas en los lugares de trabajo que resultan en la separación de familias, el diseño explícito e intencional del DHS y de sus agencias ha causado mucho daño para las comunidades migrantes. La detención de un padre, una madre o de una persona cuidadora es particularmente dañina para las familias migrantes que dependen mucho unas de otras para sobrellevar las complejidades que implica ser una persona inmigrante en los Estados Unidos. La historia de Sarahi Lozano, una ex maestra de Honduras cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad, demuestra cómo la detención de una persona cuidadora tiene efectos adversos en toda una familia.
“Antes de que deportaran a mi esposo estábamos en el mejor momento de nuestras vidas después de superar los desafíos que surgieron cuando llegamos por primera vez en 2002. Pero, cuando ICE lo detuvo, sentí que el mundo se me venía encima”, dice Lozano. “Yo no sabía conducir. Mi marido pagaba todo. Yo estaba disfrutando cuidar a nuestra hija. Habíamos decidido que cuando tuviera un segundo hijo me quedaría en casa y me dedicaría a cuidarlos”.
El esposo de Lozano fue detenido por error después de estacionarse accidentalmente en el lugar equivocado antes de su turno de trabajo y por parecerse a un hombre que ICE estaba buscando. Al verificar su identidad y su estatus migratorio, ICE aún procedió con su deportación. Pasó tres meses en un centro de detención, una experiencia que afectó gravemente su salud debido a su padecimiento de diabetes.
Como madre de dos hijos, Lozano recurrió a sus conocidos en busca de apoyo para poder sobrevivir. Se conectó con el Congreso de Jornaleros, donde conoció a otra madre inmigrante que también enfrentaba la misma situación de Lozano. ICE tenía a su esposo detenido. A diferencia de Lozano la amiga estaba en una mejor situación económica y pudo ayudarla dándole un día de trabajo a la semana limpiando su casa y cuidando sus hijos y también llevándola al centro de detención a ver a su esposo. “Los 150 dólares que me pagaba por ese día eran una bendición” dice Lozano. Juntas comenzaron a trabajar como niñeras y limpiando casas, y Lozano alquiló una habitación en su casa para generar ingresos adicionales para poder pagar su renta y cumplir con el resto de sus necesidades.
La historia de Lozano demuestra un aspecto a menudo pasado por alto cuando hablamos de la ley de inmigración de ICE: el impacto multilateral que tiene en las familias inmigrantes cuando su sostén económico principal es detenido. Si bien entre el 85% y el 90% de las personas deportadas son hombres, esto no significa que sólo los hombres cargan con el peso de la deportación. La deportación de uno de los padres puede tener un efecto adverso en el bienestar económico, mental y físico de la familia. En promedio, los hombres inmigrantes tienen salarios más altos que las mujeres inmigrantes, y las mujeres de origen latinoamericano enfrentan la brecha salarial más grande del país. Por lo tanto, la pérdida de un sostén económico masculino puede tener un impacto negativo en la calidad de vida de las mujeres inmigrantes y sus familias.
La pérdida repentina de ingresos de parte de un padre también puede impulsar a las madres a aceptar trabajos adicionales para generar más ingresos, lo que hace que la figura materna esté menos disponible para sus hijos. Esto se suma a la angustia mental agravada que experimentan los niños y niñas de familias inmigrantes después de perder a un padre debido a la maquinaria de deportación. Este aumento del estrés puede afectar gravemente el bienestar de los niños y niñas, como fue el caso del hijo mayor de Lozano. El dolor de perder a su padre debido a la deportación y el estrés de ver a su madre luchar para sobrevivir le causaron mucha ira y depresión.
“Cuando mi esposo estaba con nosotros, yo era madre y ama de casa. Cuidaba de todos. Pero cuando sucedió [la deportación], todos nuestros planes se cayeron. Mi hijo se dedicaba mucho a jugar fútbol, pero después de lo sucedido ya no lo quise mandar a sus prácticas por miedo. Cuando surgió la oportunidad de jugar para el equipo de Luisiana, no tenía quien lo llevara, ya que no sé conducir”, comparte Lozano.
A medida que crecía, el hijo de Lozano comenzó a asumir más responsabilidades para cuidar de su familia. Cuando cumplió 18 años, obtuvo un vehículo registrado y una licencia de conducir, ya que Lozano no era elegible para una, otra gran barrera que enfrentan las personas inmigrantes indocumentadas en varios estados del país y que muchos grupos de derechos de personas inmigrantes están tratando de cambiar. La historia del hijo de Lozano habla de un patrón más amplio y frecuente de hijos de padres inmigrantes que tienen que asumir roles de paternidad a una edad temprana, especialmente si uno de los padres es detenido y deportado.
Años después de la deportación de su esposo y después de múltiples intentos de regresar a los Estados Unidos, la familia de Lozano pudo reunirse poco después de que su hijo cumpliera 18 años. Pero desafortunadamente el miedo a la deportación sigue siendo omnipresente.
El vigésimo aniversario del DHS nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el papel que ha desempeñado la aplicación draconiana y violencia sancionada por el estado. Si bien el DHS y sus políticas sugieren que las personas migrantes siguen siendo la mayor amenaza para la seguridad pública, las estadísticas muestran que la principal amenaza para la seguridad de los Estados Unidos es la violencia de los supremacistas blancos. Es más urgente que nunca reimaginar la seguridad a nivel nacional y elevar historias como la de Lozano para construir una sociedad que reconozca el verdadero beneficio que las personas migrantes brindan a nuestras comunidades.
Sobre los autores: Anthony Sturino es un estudiante de maestría en la Universidad de Illinois Chicago enfocado en estudios latinoamericanos. Investiga el uso de la disuasión en la política fronteriza de los Estados Unidos. Ximena Escalante es la gerente de narrativas estratégicas de Alianza Américas, una red de organizaciones cuya misión es lograr una forma de vida más inclusiva, equitativa y sostenible para las comunidades inmigrantes latinas que viven en los Estados Unidos y en todo el continente americano.